CDP reclama sanción moral o civil a periodistas difamadores; abogado exhorta a lucha unificada en contra de penalización delitos de prensa
Por Raquel Ortega
TENARES, provincia Hermanas Mirabal.- El
presidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reclamó sanción
moral o civil a los periodistas que difamen o injurien en los medios de
comunicación y exigió al Congreso excluir de la modificación del Código Penal la
penalización de los delitos de prensa. Refirió
que en el Congreso hay 12 periodistas-legisladores, a quienes exhortó a interpretar
los derechos del pueblo a ser informado con veracidad, sin censura previa.
Aurelio Henríquez se pronunció en esos términos el sábado 24
de noviembre en un debate sobre el tema, organizado por la seccional Hermanas
Mirabal del gremio, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP). Televisado por HMTV-canal 33, fue conducido por la secretaria
general del CDP provincial, periodista Raquel Ortega.
Conforme al gremialista, todo lo relativo a la prensa, radio,
televisión e Internet, debería ser materia de las leyes especializadas. Se
recuerda que Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República, promovió
varios proyectos de códigos de la comunicación, sin que hasta el momento hayan
sido aprobados.
Para Henríquez, lo peor que le puede pasar a un periodista es
una sanción moral, porque perdería su principal activo que es credibilidad.
“Estamos vigilantes para que no perdamos la libertad de
expresión, por lo que abogamos por la despenalización total de los delitos de
prensa, ya que lo contrario propiciaría la censura previa de los periodistas.
El tema de difamación e injuria debe ser exclusivo de la ley 6132 o de su
modificación”.
SE PRESTA PARA MAÑAS
Al participar en el debate, el abogado y comentarista de
Teleoperadora del Nordeste (Telenord), Washington Espino, consideró que los
delitos de prensa deben de ser dejados a una ley exclusiva porque en el Código
Penal se diluyen y se prestan a manipulaciones. Pero rechazó una
despenalización total. Debe mantenerse la sanción civil y penal cuando el
afectado sea un ciudadano común, y civil cuando se trate de un funcionario
público, para garantizar el carácter de vigilantes de la administración del
erario.
Aunque advirtió sobre el peligro de una ley mordaza, opinó
que ya tal limitación existe porque el 90 por ciento de los periodistas que
participa en programas está arrodillado ante algún sector político.
Sugirió una lucha unificada de todos los que trabajan en los
medios de comunicación, para impedir que sea votada una legislación restrictiva
de la libertad de expresión.
Para el profesional del derecho, la división actual entre
empíricos y académicos, entre los actores de los medios de comunicación,
debilita el esfuerzo, lo cual favorecería a los contrarios a los derechos de la
población a ser informada.
“Han decidido introducirlo
en el Código porque cualquier despropósito es más fácil en medio de 600
artículos que en otra ley exclusiva del tema como la antes mencionada”,
puntualizó al cuestionar que los legisladores solo actúen en función de sus
propios intereses.
El secretario general del SNTP, Rafael Lora, leyó un
documento con la posición de la organización que dirige, y advirtió que con la
implantación de mordazas “habría que construir varias cárceles” porque no
cabrían las personas condenadas.
EN CONTEXTO
Raquel Ortega, al introducir el debate, destacó que “la ley
para penalizar la difamación nació en el siglo XVI en una corte de la
Inglaterra isabelina, como medio para silenciar las críticas a la clase
privilegiada.
Destacó, sin embargo, que tales ataduras no tienen pertinencia
en la sociedad de hoy, donde la prensa juega un papel fundamental en la
construcción del discurso público.
“Es necesario destacar que en 1948 la Declaración Universal
de los Derechos Humanos señaló la importancia de la libertad de expresión con una
nota especial a los derechos de la prensa, y la llamó una de las verdades
fundamentales de la humanidad”.
Recordó que la asamblea del Instituto Internacional de la
Prensa, reunida el 25 de junio de este año en Puerto España, decidió reclamar la
abolición de las leyes de desacato y la legislación que penaliza la difamación
en el Caribe.
Y precisó que la Organización de Estados Americanos y otras
organizaciones declaran que la difamación penal no es compatible con la
libertad de expresión.
Desde su perspectiva, la penalización podría usarse para acabar
con los desacuerdos y reprimir las críticas al gobierno.
No obstante, planteó que en los medios de comunicación
debería regir algún mecanismo de autorregulación que evite choques con la ética
al tratar de manera muy ligera las informaciones y las opiniones.
Ortega argumentó que a menudo se atenta contra la moral de
personas con informaciones retorcidas fabricadas en laboratorios de intereses
económicos y políticos.
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